Se aprueba la ley que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con un canal de denuncias interno

Este martes 21 de febrero, se ha publicado en el BOE la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Con la aprobación de esta ley se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, popularmente conocida como la Directiva Whistleblowing. La presente ley obliga a contar con canales internos de información a todas aquellas empresas que tengan más de cincuenta trabajadores, además de las empresas y entidades públicas, porque se considera que es preferible que la información sobre prácticas irregulares se conozca por la propia organización para corregirlas o reparar lo antes posible los daños.

El plazo para la implantación del sistema es de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley para las empresas de más de 249 trabajadores, es decir hasta el 13/06/2023, y hasta el 1/12/2023 para las empresas de una plantilla de entre 50 y 249 trabajadores. Se establece un régimen sancionador específico y es de gran importancia implementar el sistema antes de la fecha de vencimiento del plazo.

Aspectos clave de la Directiva Whistleblowing

• Quedan obligadas las empresas del sector privado de más de 50 trabajadores, y del sector público las Administraciones públicas, las universidades, las sociedades y fundaciones, así como las corporaciones del Derecho Público.
• La ley se aplicará a los informantes que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional (empleados, autónomos, accionistas, becarios, extrabajadores, voluntarios, entre otros).
• El canal interno de información deberá permitir realizar comunicaciones por escrito o verbalmente, asimismo deberá ofrecer la posibilidad de presentar comunicaciones anónimas.
• El canal deberá estar gestionado por el Responsable del Sistema interno de información, que podrá ser una persona interna o externa de la empresa y deberá desarrollar sus funciones de forma independiente y autónoma, respecto del resto de los órganos de la entidad. Tanto su nombramiento como el cese, deberá notificarse a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
• Las empresas deberán dar publicidad y visibilidad del canal o canales internos, de forma clara y fácilmente accesible. En caso de contar con una página web, dicha información deberá constar en la misma.
• El procedimiento de gestión de informaciones responderá al contenido mínimo y principios establecidos, entre ellos, se deberá contestar a todas las comunicaciones en un plazo máximo de 7 días con un acuse de recibo, y se deberá dar respuesta a las actuaciones de investigación en un plazo no superior a 3 meses.

Finalmente, la Ley hace obligatoria la figura del Delegado de Protección de Datos para todas aquellas empresas del sector público, sin embargo, para las empresas de más de 50 trabajadores no es obligatorio pero, es muy recomendable.

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Laura Morató Pascual

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